jueves, 27 de noviembre de 2014

Declaración del POS MAS del 20N


PARA QUE HAYA JUSTICIA...
POR UN PROYECTO DE PAÍS EN FAVOR DE L@S TRABAJADOR@S, L@S JÓVENES, L@S CAMPESIN@S, LAS MUJERES, L@S INDÍGENAS...

¡QUÉ SE VAYA PEÑA NIETO!
¡QUÉ SE VAYAN TODOS!
POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Declaración del Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo
20 de noviembre de 2014


Para que haya verdadera justicia, los 43 estudiantes secuestrados de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, deben ser presentados; y, en tanto no existan evidencias contundentes en contrario, como lo exigen sus padres de familia, deben aparecer con vida.
También deben ser castigados en forma ejemplar los responsables de este crimen; no basta la detención del capo menor, José Luis Abarca; también debe ser encarcelado Ángel Aguirre el exgobernador de Guerrero. Para que haya justicia, deben ser capturados y castigados todos los responsables directos del asesinato y secuestro de los normalistas –lo mismo que las otras tres personas masacradas la noche del 26 de septiembre pasado-; igualmente el ex Secretario de Seguridad Pública de Iguala, así como los jefes militares, quienes sólo atestiguaron complacientes las atrocidades cometidas contra los jóvenes. Y todos ellos deben ser juzgados por el propio pueblo de Guerrero y sus organizaciones, pues tampoco les tenemos confianza a los corruptos jueces.
Hay que pugnar por la cancelación del registro de todo aquel partido que apoye candidatos ligados al narco o al crimen organizado. Eso debe suceder con el PRD y el PRI, que en Michoacán tuvo un gobernador claramente al servicio de los grupos delincuenciales.
Pero los familiares de los asesinados, lo mismo que de los estudiantes secuestrados, no encontrarán consuelo y mucho menos justicia mientras en este país no ocurran cambios radicales, tendientes a eliminar la corrupción, la violencia ejercida por el gobierno y las demás instituciones de este régimen, la pobreza a que ha sido condenada más de la mitad de la población.
Para empezar, debe ponerse fin a la militarización del país, debe cesar la política de represión, de criminalización de l@s luchador@s sociales y, especialmente, de la juventud. L@s trabajador@s, l@s jóvenes y el pueblo deben manifestarse y organizarse con plena libertad.
Debe presentarse a las decenas de miles de personas desaparecidas en estos años de represión; también liberarse a cientos de presos políticos. Los responsables de esta política de criminal represión tienen que ser destituidos, enjuiciados y castigados.
Los diversos gobiernos han justificado su política represiva, bautizada como guerra contra el narco, por la acción de las organizaciones de capitalistas dedicados a la producción, distribución y venta de todo tipo de drogas. Al contrario de terminar con ese rentable negocio, se han incrementado sus multimillonarias ganancias, se han multiplicado a más de 120 mil las muertes relacionadas con esa guerra entre cárteles y del gobierno con ellos, y se han agudizado la inseguridad y la violencia. Deben legalizarse las drogas, lo mismo su producción y su distribución, para destinar los recursos multimillonarios que se canalizan a esa hipócrita guerra, a la educación y el tratamiento y prevención de las adicciones.
La corrupción en todos los niveles de gobierno y todas las instituciones de este régimen debe combatirse imponiendo castigos ejemplares a quienes incurran en ella, no sólo la inhabilitación de funcionarios, también la cárcel para todos ellos. Por otra parte, el pueblo debe tener en sus manos la posibilidad real de revocar el mandato lo mismo de legisladores que de funcionarios, desde el presidente de la República, hasta el cualquier regidor. Ahí está el caso concreto contra Peña Nieto de la recién descubierta mansión que le fue otorgada por Televisa, y otra conocida como la “casa blanca” cedida por el grupo de constructores Corporativo Empresarial Higa, para pagar los evidentes favores a favor de esas empresas, en un descarado ye escandaloso caso de corrupción.
La política debe dejar de ser un modo de vida, sobre todo una forma de enriquecerse cobrando grandes sueldos y controlando a discreción el pago de contratos de bienes y servicios. Los partidos deben dejar de ser gigantescas agencias de colocación, por los que debe cancelarse el financiamiento público para ellos. Las campañas electorales deben desarrollarse a través de tiempos y publicaciones gratuitas en los medios masivos de comunicación. Debe prohibirse hacer campañas con recursos privados que, lo mismo pueden venir de los capitalistas ilegales (narcos, contrabandistas, etc.), que de aquellos que se precian de hacer negocio en la legalidad, que compran los compromisos de funcionarios y legisladores a su antojo.
La política económica debe cambiar drásticamente; cancelando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, dejando de pagar la deuda con los grandes bancos y cobrando grandes impuestos a las grandes ganancias y fortunas; con estos recursos, lo mismo que con el ahorro proveniente de la cancelación del financiamiento a los partidos, debe financiarse la creación de empresas estatales que constituyan industrias para el desarrollo, que brinden empleo y aporten al desarrollo tecnológico y científico; deben destinarse a realizar obras públicas, como escuelas, hospitales, viviendas y deben generarse empleos dignos, estables y bien remunerados.
Las contrarreformas impuestas por Peña y los partidos deben ser derogadas.
Para empezar a hacer justicia y sentar las bases de estos cambios urgentes para l@s trabajador@s, l@s jóvenes y el pueblo, es necesario que renuncie Enrique Peña Nieto, con todo su gabinete, lo mismo que los legisladores, coludidos con los grandes poderes económicos, legales e ilegales.
Que se abra paso a una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por diputados electos desde abajo con una ley verdaderamente democrática, para que discutan y acuerden un nuevo proyecto de país, el cual para nosotros debe ser un proyecto socialista, que haga realidad la justicia social, la democracia y la libertad para las mayorías.
Que se vayan tod@s los políticos corruptos y procapitalistas, para que gobiernen l@s trabajador@s, l@s campesin@s, la juventud y l@s indígenas.



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martes, 5 de agosto de 2014

Contra la represión en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla

Pronunciamiento en contra de la

Represión en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla

 

Desde el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia se ha visto notablemente la agudización de la represión a nivel nacional. Ejemplos concretos son la Ley Boris en San Luis Potosí o la Ley Bala en Puebla. Nos pronunciamos en contra de tales leyes porque le permiten al gobierno utilizar la fuerza pública de manera abusiva y discrecional contra los movimientos sociales que se oponen a sus contrarreformas y demás medidas que van en contra de los derechos del pueblo; y en el caso particular de la represión  en San Bernandino Chalchihuapan, Puebla, ya que  fue resultado de la aprobación de la Ley Bala en mayo del presente.

 

Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Junta Auxiliar del municipio de Santa Clara Ocayucan en el Estado de Puebla, se inconformaron y se manifestaron en contra de que el registro civil haya sido retirado de las facultades de las Juntas Auxiliares. Luis Maldonado Venegas, perredista, Secretario General de Gobernación del gabinete de Rafael Moreno Valle, fue el autor intelectual de la reforma a la Ley Orgánica que redujo las funciones de las juntas auxiliares. El Congreso del Estado de Puebla, dominado por panistas, priístas y perredistas, quienes dictaminaron  a favor de esta ley a mediados de mayo, para que  fuesen los municipios quien centralizaran las finanzas. Esto, con la finalidad, según ellos, de acabar con la corrupción que se daba en las juntas al hacer cobros indebidos, cobrar de más, o extender actas de nacimiento a extranjeros.

 

El edil subalterno  de esta población narró que un día antes de que se suscitaran los hechos violentos, él y otros de la región de Cholula acudieron a Casa Aguayo para dialogar con Luis Maldonado Venegas, sin embargo, ni siquiera les fue permitido el acceso y únicamente un empleado les informó desde la banqueta que el funcionario andaba ocupado. Por lo que decidieron, poco tiempo después, manifestarse en el kilómetro 14 sobre la autopista Siglo XXI, que comunica a Puebla con Morelos para exigir el regreso del registro civil a su comunidad. 

 

Hasta aquel lugar, llegaron los elementos de la policía estatal y sin mediar negociaciones comenzaron a disparar a quema ropa contra los pobladores para desalojarlos. Los elementos de la Policía estatal, dispararon carabinas AM-600 calibre 37/38 mm y DEF TEC 1315 calibre 37 mm, utilizando cartuchos de gas con puntas de goma directamente en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y no hacia el suelo o una distancia mayor de 30 metros, como lo marcan los protocolos de uso de dichas armas consideradas como no letales y cuyo fin es activar los gases tóxicos para la dispersión de una multitud, confiaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

El recuento de la barbarie de la agresión de los policías estatales que dispararon balas de goma y cartuchos de gas fue: setenta pobladores heridos, diez de ellos de gravedad, la mayoría recibe atención médica en hospitales particulares, ya que fueron rechazados en las instituciones públicas. La desaparición de una mujer de 65 años. La muerte de un menor de 13 años, José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue alcanzado por una bala de goma lanzada por un policía estatal, cuando su madre Elia Tamayo fue por él a la escuela. Un joven de 21 años con perforación en la cabeza que convalece en el hospital. Vecino del lugar que perdió el ojo izquierdo y un adulto que le fue destrozada la mandíbula, Martín Romero Montes, de 65 años, es a quien habrá que reconstruirle prácticamente toda la cara por el destrozo mandíbula, mientras que Hugo Jiménez Varela, de 26 años, perdió la vista. La consignación de cuatro vecinos de la Junta Auxiliar por siete delitos; por su probable responsabilidad en ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena dolosa, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo que representan más de 50 años de cárcel.

 

Rafael Moreno Valle ha decretado que en Puebla está proscrita toda protesta. Por eso, al gobernador le era inaceptable el bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco. Por ello, declaramos que Rafael Moreno Valle es un asesino, mafioso y represor, al igual que  todos los mafiosos que lo postularon a gobernador, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza, quienes ahora ostentan cargos como funcionarios o diputados en el congreso local; principalmente Luis Maldonado Venegas, perredista y Secretario General de Gobernación y, Facundo Rosas Rosas,  Secretario de Seguridad del Estado, quien fue comisionado general de la Policía Preventiva Federal bajo el sexenio de Felipe Calderón.

 

¡Que el gobierno de Rafael Moreno Valle repare los daños a los habitantes de Chalchihuapan!

¡Restitución de las funciones de las juntas auxiliares!

¡Ninguna confianza más a  los partidos  PAN, PRI, PRD  Movimiento Ciudadano, PANAL, quienes aprobaron en el Congreso la ley orgánica que restringe facultades a las juntas auxiliares y “la ley bala”¡

¡Abrogación de “la ley bala”¡

¡Juicio político y castigo a Rafael Moreno Valle!



Partido Obrero Socialista - Movimiento al Socialismo




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